La "ley Televisa"

Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, mejor conocidas en su conjunto como la "ley Televisa", defendida a ultranza por Joaquín López-Dóriga en su noticiero nocturno, después de haber sido aprobada al gusto de los dueños de TELEVISA por la vía fast track en el Congreso de la Unión en un madruguete legislativo consumado primero en la Cámara de Diputados el primero de diciembre del 2005 en donde el paquete de reformas fue aprobado por unanimidad ... ¡en menos de siete minutos! ... por parte de 312 diputados, tras lo cual la "ley Televisa" fue aprobada el 30 de marzo del 2005 en la Cámara de Senadores sin modificación alguna por el pleno del Senado, con instrucciones precisas de que no se le modificara ni siquiera una sola coma, y finalmente firmada y publicada diez días después sin cambio alguno con igual celeridad el martes 11 de abril del 2006 en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente Vicente Fox -pese a las numerosas muestras de rechazo que hubo entre amplios sectores de la sociedad hacia tan grandes concesiones al gran capital- ha dejado en claro a muchos mexicanos los enormes alcances del poder corruptor de TELEVISA, al igual que la devastadora cuan negativa influencia de la ultraderecha mexicana con la cual TELEVISA ya comparte un sitial de deshonor entre las grandes amenazas que enfrenta México a la entrada del tercer milenio. Los intereses de ambas fuerzas, juntas, son de tal magnitud y de tal peligro, que TELEVISA tiene razones fundamentadas para suponer que una expulsión definitiva del PAN del poder por algún partido de izquierda o de centro-izquierda, cuando se dé, conducirá a un reclamo generalizado de que la empresa sea nacionalizada -un término más adecuado sería estatizada en virtud de que es una empresa aún en manos de mexicanos y no en manos de extranjeros- o al menos sometida a una serie de restricciones legales severas para acotar su inmenso poder por simple cuestión de seguridad nacional.

El espectro de la "ley Televisa" es algo que causa preocupación no sólo entre amplios sectores de la sociedad mexicana, sino inclusive en el exterior, en donde un rotativo tan prestigiado como THE WALL STREET JOURNAL ya advirtió sobre los peligros que entrañan las presiones y el cabildeo que TELEVISA estuvo realizando para que las reformas a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones fueran aprobadas "a su gusto" por el Senado, afirmando que tal cabildeo ha llevado a cuestionar si la joven democracia mexicana no está siendo "pisoteada" por los directivos de las grandes empresas.

Lo más lamentable en todo esto es que, por razones de índole meramente política al servicio de intereses poderosos, el Congreso de la Unión y el Presidente Vicente Fox por esta única ocasión se hayan puesto completamente de acuerdo para aprobar en tiempo récord una iniciativa de ley que no beneficia ni siquiera a la millonésima parte de la población mexicana, mientras que otras iniciativas pendientes mucho más importantes como la Reforma de Estado, la Reforma Fiscal, la Reforma Educativa y la Reforma Energética, destinadas para el beneficio de la población restante, jamás hayan llegado a ninguna parte durante el mal llamado "gobierno del cambio".

Como si no bastasen la burla y el duro golpe que le fue dado a los intereses del pueblo de México con la aprobación de la "ley Televisa", el Presidente panista pro-Yunquista Vicente Fox se encargó de que el Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) -la agencia gubernamental encargada de la implementación legal de la "ley Televisa"- fuese el también panista Senador por Baja California Héctor Osuna Jaime:

quien para colmo de males fue también el promotor de la "ley Televisa" precisamente cuando fue presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República.

¿Fue la aprobación ultrarápida de una ley tan nociva para los intereses de México y tan beneficiosa para el pulpo televisivo el resultado de una negociación de alto nivel con la cual se obtuvo del consorcio TELEVISA para Felipe Calderón el trato preferencial que recibió antes y después de las elecciones anteriormente mencionado, un trato preferencial del cual millones de mexicanos fueron testigos? Aquí el lector tiene la última palabra.

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POST SCRIPTUM

El 4 de mayo del 2007, el mismo líder de la bancada panista en el Senado, Santiago Creel, reconoció que no todo fué "correcto" en la aprobación de la Ley Televisa, de acuerdo a una nota publicada por REFORMA:

Ley Televisa fue imposición: Creel
Staff
Agencia REFORMA
4 de mayo del 2007

Distrito Federal - El senador Santiago Creel reconoció ayer que la aprobación de la Ley de Radio y Televisión fue por imposición, no por negociación.

"Yo no estuve en ese proceso de negociación... pero sí tuve la información que fue publicada y que me comentaban algunos de mis compañeros, en donde las cosas fueron más bien una imposición que una negociación".

"En donde fue una sola visión y no la visión que surge de la pluralidad de intereses que deben estar en juego, equilibrados en un acuerdo final", dijo en entrevista radiofónica, tras señalar que la Cámara alta revisará la controversia contra la ley si no lo hace la Suprema Corte.

El panista reconoció que la reforma fue aprobada en un clima de presión, pues se hizo previo a las elecciones del 2 de julio.

"Una ley que se aprueba de la manera como ésta se llevó a cabo, en medio de una elección, prácticamente sometiendo a los candidatos y los partidos a su aprobación, en medio de una negociación de espacios publicitarios.

"Yo creo que lo primero que hay que resaltar es que no es manera para aprobar una ley", indicó en un foro en Washington, organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.

"Hay una situación de forma que también es de fondo. El fondo es que es una ley que afianza los privilegios a quienes actualmente detentan un oligopolio".

Sobre la "ley Televisa" apareció lo siguiente publicado por la agencia noticiosa APRO:

"Ni una sola coma", la orden de Televisa
Jenaro Villamil
Agencia APRO
8 de mayo del 2007

No le cambien "ni una sola coma", fue la orden explícita, clara y contundente que el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, le puso como condición a Josefina Vázquez Mota, entonces coordinadora de la campaña de Felipe Calderón, el 22 de marzo de 2006, una semana antes de que se aprobara la polémica ley que lleva el nombre de la principal empresa que la impulsó.

Gracias a esa orden, el bloque de senadores del PAN -que mayoritariamente apoyaban a su correligionario Javier Corral, firme opositor a la ley- se fracturó. El "jefe" Diego Fernández de Cevallos, junto con Emilio Gamboa Patrón, Enrique Jackson, Héctor Larios y Héctor Osuna, presionaron en sus respectivas bancadas para lograr la mágica cifra de 81 votos a favor de una iniciativa a la que no le cambiaron "ni una sola coma".

La misma orden le llegó a los legisladores del PRI. La negociación inicial de la ley, en octubre de 2005, fue precisamente con Carlos Flores Rico, entonces encargado de comunicación de la campaña de Roberto Madrazo, candidato presidencial del PRI. Gracias a esa negociación, la Ley Televisa pasó sigilosamente en la Cámara de Diputados, el 1 de diciembre de 2005, en plena etapa de las negociaciones de los famosos "paquetes publicitarios" de los candidatos presidenciales para las elecciones del año próximo. El resultado de esa negociación fue la iniciativa que presentó el diputado Miguel Lucero Palma, quien sólo prestó su nombre para que pasara sin problemas una iniciativa que, en términos estrictos, constituye una contrarreforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Las presiones hacia el PRD no fueron tan visibles, pero fue un hecho que el entonces coordinador de la fracción de ese partido en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez avaló y defendió al principio la Ley Televisa argumentando que acababa con la "discrecionalidad" en el otorgamiento de concesiones. Dos semanas después, el PRD, ante la presión de la opinión pública, se retractó, y sólo una semana antes de que la iniciativa se aprobara en el Senado, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sugirió que se pospusiera la votación hasta después de los comicios del 2 de julio. Los 15 senadores del PRD, coordinados entonces por Jesús Ortega, votaron en contra de la ley. Fue la única fracción que no dividió su voto. Y así les fue.

No se necesita ser un experto ni perderse en la terminología técnica para entender que México vive una enorme concentración de poder mediático y que los contenidos de la televisión comercial no sólo están afectando los niveles de educación en el país, sino que han hecho un jugoso negocio con las contiendas electorales, sin que exista autoridad reguladora que los controle, que abra el sector a la competencia y que permita a las opciones alternativas -la radio independiente, la radio comunitaria y la televisión pública- tener las mismas oportunidades para dar servicios alternativos.

También sobre la "ley Televisa", apareció el siguiente editorial de portada:

de la revista Siempre! publicado en su número 2813 correspondiente a la semana del 13 de mayo del 2007, bajo el título "Poner fin a la dictadura de los medios":

Hoy se sabe que la llamada ley Televisa fue un albazo, un "golpe de Estado" asestado en 2006 por un grupo de legisladores en contra de la sociedad. Dicha ley fue una imposición que desplazó el proyecto social, plural y democrático que venían construyendo y consensuando los entonces senadores Javier Corral del PAN y Raymundo Cárdenas del PRD, para poner fin a los excesos de los monopolios de la radio y la televisión.

Los padres de la ley Televisa dejaron en medio del largo y sinuoso debate que se llevó a cabo una serie de huellas "dactilares" que permiten tener la radiografía humana y política de una generación tecnocrática, inescrupulosa y amoral que trabaja única y exclusivamente para sus intereses particulares. Sus abogados hicieron una serie de observaciones a la iniciativa de Ley de Radio y Televisión, presentada por Corral y Cárdenas, que recuerda a los ojos de pez, a las generaciones nazis que tomaban decisiones con toda frialdad y sin la menor consideración ética, moral o social.

Para ellos, exigir a los dueños de las televisoras y radiodifusoras que cumplan con su función social, "respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas -como lo señala el artículo 5º de la propuesta Corral-Cárdenas-; contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y a la preservación de la composición pluricultural de la nación, coadyuvar al desarrollo cultural y educativo de las personas, procurar el desarrollo integral de la niñez y la juventud, impulsar el fortalecimiento de una cultura ecológica y estimular la protección del derecho a la salud, entre otras propuestas", son "interpretaciones ambiguas y discrecionales que atentan contra la libertad de expresión".

Ellos mismos, esos ex senadores que en su análisis se remiten una y otra vez a la defensa de la libertad de expresión -para preservar los intereses de los monopolios, no la integridad de la sociedad-, se oponen al derecho de réplica porque, según argumentan, "se obligaría a la emisora a darle micrófonos o cámaras, energía eléctrica, cintas, personal técnico al replicante, lo que atentaría contra la viabilidad económica de la empresa".

Para ellos, los permisionarios -es decir, las estaciones de radio comunitarias que dan servicio social a las regiones indígenas- no deben tener derecho a comercializar porque implica una competencia desleal para los concesionarios, para los monstruos de la radio y la televisión que quieren todo para ellos.

También para ellos no deben prohibirse las transmisiones que causen daño a la salud "porque es difícil precisar los parámetros en ese sentido". ¿Quién tiene la autoridad o el conocimiento -gritan con arrogancia una y otra vez- para decidir lo que es sano y lo que enferma? ¿Lo que es violento y lo que no lo es? La dictadura mediática y sus amanuenses son, a final de cuentas, los dueños de la ley, de la política y la moral pública.

El miedo de los gobiernos a ser exhibidos y la ambición de quienes buscan ser candidatos a la Presidencia de la República han dejado un inmenso vacío legal que ha convertido a las televisoras no sólo en dictadoras, sino en las grandes electoras, al margen de lo que decida y convenga a la ciudadanía.

Su poder -su inmenso poder- les sirve para lo que hacen hasta el día de hoy: chantajear a presidentes, gobernadores, alcaldes y legisladores. Son un poder metaconstitucional que hace temblar a los poderes constitucionales. Todos, más temprano o más tarde, se someten a sus caprichos o bien -como sucedió con Marta Sahagún de Fox- se convierten en sus socios, cómplices y aliados.

A unos cuantos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a favor o en contra de la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como ley Televisa, el Poder Judicial y el Presidente de la República tienen la gran oportunidad no sólo de echar abajo una ley inconstitucional y perversa, sino de poner los cimientos del gran cambio democrático que necesita México.

Los medios de comunicación electrónicos, lejos de ser hoy un instrumento al servicio del pueblo, se han constituido en un aparato a las órdenes de intereses poco claros. ¿A quién sirven o a quién defienden? Muchas veces parecen estar más a favor del delincuente que de la víctima; del narcotraficante que de la justicia; del corrupto que del hombre honrado.

No puede haber progreso, democracia y Estado de derecho en México si no se corrige el sistema mediático en el país. Ahí están concentrados y sintetizados muchos de los excesos del poder, de las evasiones fiscales y las desviaciones éticas que afectan a la nación. Acabar con la dictadura de los medios electrónicos significaría cambiar la historia del país.

Seguramente los multimillonarios propietarios y accionistas del poderoso monopolio mediático se han de estar muriendo de la risa.